El juez Thomas Griesa dejó hoy para más adelante la petición de un grupo de acreedores que buscan sumarse a la demanda interpuesta contra Argentina por fondos especulativos y reiteró que los demandantes y el Gobierno deben llegar a un acuerdo.
Aunque también poseen deuda argentina no sujeta a los canjes de 2005 y 2010, y por tanto en mora desde el cese de pagos de 2001, estos fondos, conocidos como "me too" ("yo también"), no se unieron en su día a la demanda que lideran NML y Aurelius Capital, aunque ahora quieren sumarse para lograr las mismas condiciones que ellos.
Tras escuchar los argumentos de los fondos demandantes y del Gobierno argentino en una audiencia celebrada hoy, el juez Griesa afirmó que el tribunal no puede ordenar un acuerdo, pero les volvió a recordar que estos litigios tienen que resolverse "a través de acuerdos".
"Es muy importante que todas las partes, incluida la República Argentina, participen en estas negociaciones", insistió Griesa, quien dio por terminada la audiencia sin tomar una decisión al respecto.
Finalmente, el juez federal recordó a las partes que el mediador Daniel Pollack, designado hace un año por su tribunal para "asistir" a las partes en la mesa de negociaciones, sigue estando a su disposición.
Precisamente hoy el mediador emitió un comunicado antes de la audiencia en el que recordó que sigue en contacto con las partes, "pero Argentina aún no ha respondido a la invitación" de los fondos demandantes de retomar las negociaciones "sin condiciones previas".
Los llamados por Argentina "fondos buitres" cuentan con una sentencia en firme de 2012 por la que Argentina debe pagarles 1.300 millones de dólares más intereses por la deuda impagada.
Desde Buenos Aires estiman que si el juez añade a los fondos "yo también", el monto a pagar sumaría otros 5.200 millones de dólares.
El abogado de NML Robert Cohen, que habló en representación de los fondos "me too", explicó que los bonos en suspensión de pagos de ese grupo también están protegidos por una cláusula impuesta por Griesa que equipara condiciones ("pari passu") y deben ser admitidos, extremo que rechaza Argentina.
Una parte de esos fondos, con bonos no reestructurados por valor de unos 700 millones de dólares, no cuentan todavía con una sentencia favorable, por lo que se abriría la posibilidad de que puedan acogerse a esa cláusula.
El abogado de Argentina Carmine Boccuzzi defendió hoy que los "me too" no se sumaron a la querella en un primer momento "y ahora es demasiado tarde", recordó que parte de ellos ya tienen una sentencia favorable y opinó que admitirlos ahora crearía nuevas dificultades.
"Podrían haberlo hecho antes y no lo hicieron y por eso no deben ser aceptados", dijo el letrado, quien insistió en que añadir nuevos demandantes solo llevaría a más litigios y provocaría que la deuda pendiente de pago se multiplicase.
Sin embargo, el magistrado recordó hoy a Boccuzzi que en otras ocasiones ha habido negociaciones en la que estaban involucrados "cantidades muy significativas" de dinero que terminaron en acuerdo. "Ocurrió en el pasado y podría volver a ocurrir", indicó Griesa.
Después del millonario cese de pagos de 2001, Argentina logró en 2005 y 2010 que el 93 % de los tenedores de bonos se acogieran a sus reestructuraciones de deuda.
Del 7 % restante, solo un 1 % acudió inicialmente a los tribunales en Nueva York para pedir el 100 % de la deuda contraída antes del "default".
