Los residentes de las dos mayores economías latinoamericanas, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, firmaron un acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones para reducir riesgos y prevenir conflictos en los negocios mutuos. Es el tercer tratado de este tipo firmado por Brasil y el primero con un país de la región, el documento señala un cambio en la postura internacional del gobierno, en la dirección de mayor apertura al comercio exterior, según Itamaraty.
El acuerdo será el principal punto de la visita hecha por Dilma a México, la primera desde su llegada al poder, en 2011. El tratado crea un "comité gestor" de inversiones, que se reunirá a menudo para intercambiar información y sanar eventuales diferencias, con el objetivo de evitar conflictos. También establece la figura de un comisionado, que tendrá la misión de dar apoyo gubernamental a las inversiones de la otra parte en su país.
México es uno de los principales inversores extranjeros en Brasil, con un stock de $ 23 mil millones. Entre los mayores beneficiados por el acuerdo está el empresario Carlos Slim, de América Móvil, dueño de Claro, Embratel y Net. En contraparte, Brasil tiene un stock de solo $ 2 mil millones en México, pero el volumen doblará con la conclusión de una fábrica de Braskem para producción de polietileno, prevista para el fin del año. Con valor de $ 5 mil millones, el proyecto es la mayor inversión extranjera en el sector petroquímico recibido por México en los últimos 20 años.
"Este es un nuevo paso y representa una una nueva mirada al comercio exterior", dijo este lunes, en la Ciudad de México el embajador António Simoes, subsecretario general para Sudamérica, Central y Caribe del Itamaraty. En su opinión, los acuerdos de promoción de inversiones representan mayor "permeabilidad" y "apertura" al exterior.
Hasta ahora, Brasil tenía dos tratados de este tipo, firmados hace poco más de un mes con Angola y Mozambique. Rodrigo Azeredo, jefe del Departamento de Promoción Comercial e Inversiones del Itamaraty, afirmó que Colombia y Perú ya manifestaron interés en tener acuerdos semejantes con Brasil. Simoes fue evasivo cuando le preguntaron si un tratado de inversiones podría ser firmado con los Estados Unidos durante la visita de Dilma a Washington, a finales de junio. Según él, hay un grupo de trabajo con representantes de Itamaraty y del Ministerio del Desarrollo para analizar los próximos pasos en esa área.
Del lado del fortalecimiento de la protección a la inversión, el sector privado quiere ampliar el tratado de preferencias tarifarias firmado por los dos países en 2002. Según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Brasil exporta 4.798 productos para México, pero el acuerdo comprende sólo 800, de los cuales solo 140 pueden ser vendidos con tarifa cero.
El sector privado brasileño quiere incluir en el acuerdo productos en los cuales considera tener competitividad, entre los cuales hay cosméticos, alimentos, electrodomésticos y tecnología de la información.
Impulsado por una serie de tratados comerciales, México registró el año pasado un volumen de exportaciones e importaciones de $ 798 mil millones, por encima de los $ 454 mil millones de Brasil. Y la percepción en el país es la de que su socio del sur tiende a ser proteccionista. Cuando hubo la renovación del acuerdo del sector automotriz, en marzo, los mexicanos defendían la adopción del libre comercio, pero Brasil insistió en el mantenimiento del sistema de cuotas.
Los tratados de inversiones con México, Angola y Mozambique representan una nueva plantilla de negociación con otros, tras la tentativa de aprobación de documentos semejantes durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, dijo Simoes. Durante su gestión, el Congreso rechazó cancelar 14 acuerdos de protección de inversiones negociadas por el Ejecutivo. Una de las principales críticas tenía por blanco la posibilidad del estado brasileño ser accionado en tribunales internacionales por inversores extranjeros. Los textos fueron retirados del Congreso y sólo ahora, 12 años más tarde, el gobierno definió una fórmula que considera soportable para los parlamentarios y para los inversores.
