Con los continuos escándalos de corrupción la popularidad de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está bajo mínimos. De haber elecciones hoy, ganaría el líder opositor Aécio Neves.
La investigación del caso Petrobras ha salpicado a casi 50 políticos, además de varios ejecutivos de la petrolera y otras empresas. Este uso indebido de fondos es el mayor caso de sobornos en la historia de Brasil. La imputación del tesorero del Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari, ha intensificado la presión sobre la presidenta.
En plena crisis política la Policía Federal ha destapado esta semana otro caso de desfalco en un departamento dependiente del fisco. El perjuicio comprobado es de 1.780 millones de dólares y se sospecha que llegue a los 2.000 millones. Se trata de una mafia que operaba en el Ministerio de Hacienda. Supuestamente trataba de corromper los funcionarios del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) para que anularan o rebajasen las multas a los defraudadores de impuestos. Varios consejeros del CARF participaban en forma directa del esquema. Se filtraban informaciones privilegiadas a oficinas de asesoría, consultoría o abogacía para que captaran a empresas interesadas en recibir "facilidades" en los juicios. Se ofrecía la manipulación de procesos, concesión de aplazamientos y obtención de fallos favorables en los autos de infracciones tributarias. La lista de "beneficiadas" incluye bancos, sector automotor, construcción civil y siderurgia.
El daño se amplifica por el delicado momento en que se produce. Una pésima gestión fiscal y económica hacen temer una contracción de casi un 1 por cien del PIB este año. La inflación ya supera el 7 y el real se ha devaluado más del 15 por cien este trimestre. Para empeorar las cosas, Sao Paulo, la región más industrializada, ha venido sufriendo una grave sequía.
Dilma parecía haber comprendido la necesidad de reformas acompañadas de un plan de austeridad. Para ello requiere la aprobación del Congreso. El inconveniente es que su mayor aliado político, el centrista Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), ha señalizado que no apoyará sus propuestas legislativas.
Esos votos del PMDB son imprescindibles para que Dilma pueda llevar a cabo las reformas que está impulsando su nuevo ministro de Hacienda, Joaquim Levy. Modificaciones fundamentales que incluyen un incremento de los impuestos a la nómina salarial y requisitos más estrictos para acogerse a los beneficios de desempleo y jubilación.
El deterioro de las relaciones con el PMDB es un serio problema añadido. Tras varias renuncias en el Gabinete y pese a desmentirlo, Rousseff podría estar contemplando la posibilidad de ampliar la presencia del PMDB en su ejecutivo.
Si el PMDB pasara directamente a la oposición (algo no descartable), el Gobierno no podría aprobar ninguna de las iniciativas propuestas. Como consecuencia, Brasil podría perder su clasificación de investment grade, lo que encarecería el crédito externo y desincentivaría la inversión.
Las reformas son correctas pero el ministro -sin experiencia política- carece de capacidad para implementarlas. Dilma ha mostrado, en el pasado, talento político para forjar alianzas que parecían imposibles. Esta vez, incluso si consigue que se aprueben las necesarias medidas de austeridad para seguir creciendo, tendrá que enfrentarse a una opinión pública enardecida.
Brasil se encuentra en un punto de alta sensibilidad por la corrupción existente. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso admitió que la mandataria "heredó" estos problemas y no se la puede cargar con las culpas. No obstante, los millones de brasileños que salieron de la pobreza durante el gobierno de Lula ven con alarma como pueden volver a ella. Son ellos quienes más gritaron en las masivas marchas de protesta callejera realizadas en todas las ciudades de Brasil, el pasado 15 de marzo. Los que ocuparon las calles lo hicieron reclamando rendición de cuentas por el presente y no por el pasado.
La mayoría de los brasileños está a favor de iniciar un juicio político contra Rousseff. Sin embargo, líderes de la oposición no han presionado en este sentido y es poco probable que se produzca. Para poder terminar su segundo mandato el desafío de Dilma es doble. Por un lado, crear una nueva alianza política que le permita poner en marcha el plan de austeridad. Por otro, transmitir a los brasileños la dura realidad de la mala situación económica (en gran parte motivada por los errores de la presidenta) y convencerlos de apretarse el cinturón.
