Era tan evidente que nadie lo vio

Era tan evidente que nadie lo vio

4 octubre 2014, 14:00
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Los británicos usan la expresión an elephant in the room para referirse a una verdad o a un hecho tan evidente, tan evidente, que nadie se da cuenta de que está ahí y tiene nefastas consecuencias. Pues bien, las cajas de ahorros han sido un elefante en la habitación. Y no quisimos darnos cuenta hasta que el animal se hizo tan grande que empezó a aprisionarnos contra las paredes.

Las cajas de ahorros españolas tienen un origen de lo más dispar. Caja Madrid, por ejemplo, proviene del Monte de Piedad fundado en 1702 por el padre Francisco Piquer. La Caixa fue creada dos siglos después por la Sociedad Económica de Amigos del País, el Instituto Agrícola San Isidro, el Ateneo Barcelonés, Fomento del Trabajo Nacional y la Cámara de Comercio de Barcelona. Su razón de ser primigenia fue captar depósitos de los ciudadanos para financiar la economía productiva -particulares y pymes- de sus zonas de influencia-. Con distintos cambios en la legislación, aquellas cajas de ahorros mantuvieron básicamente ese espíritu hasta finales del siglo pasado. Y funcionaban muy bien. En las crisis bancarias que vivió España entre 1977 y 1985 se vieron afectados 56 bancos -49 quebraron- de los 110 que había en el país. Ninguna caja de ahorros entre ellos.

Hasta que el 2 de agosto de 1985 entró en vigor la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca), promulgada por el Gobierno socialista. La nueva legislación trastocó el statu quo de las cajas. Quiso socializar su propiedad y adecuar su estructura jurídica a la naciente España de las autonomías. Y así fue como entró el elefante en una habitación hasta entonces confortable.

Básicamente, la Lorca otorgaba el poder en las cajas de ahorros a los políticos -gobiernos autonómicos y ayuntamientos-, a los clientes -a través de asociaciones de consumidores y afines- y a los empleados -mediante la representación sindical en los órganos de gobierno-. Las entidades fundacionales, si no eran de carácter político, quedaron relegadas a un papel testimonial en la mayoría de los casos. Además, dispuso que las autonomías asumieran la competencia sobre el sector en su territorio, con lo que creció el caos.

Porque el negocio bancario es muy complicado y esa ley dejó el control de la gestión de las cajas en manos de quien, precisamente, tiene intereses opuestos a los de cualquier banco. Por ejemplo:

-Los políticos quieren inversiones en sus territorios para contentar a los electores, sea o no con criterio económico. Ni hablar del análisis de los riesgos asumidos, como haría un buen banquero

-Los clientes luchan por conseguir créditos más baratos y depósitos mejor remunerados. No se preocupan por los márgenes, una cuestión clave para el profesional.

-Los empleados se afanan por tener mejores condiciones laborales: menos horas de trabajo, más sueldo, más vacaciones... cuando el control de costes es una cuestión primordial en la gestión bancaria.

Así, desde 1985, las cajas de ahorros quedaron al albur de que los gestores -los ha habido y muy buenos- pudieran hacer frente a las exigencias de unos consejos de administración y unas asambleas dominadas por intereses ajenos a la actividad financiera. Casi nadie quiso darse cuenta mientras que la economía crecía y había dinero para todo. Pero vino la crisis, estalló esa espoleta retardada y se llevó por delante un sistema nefasto: hoy las cajas de ahorros no son más que fundaciones sin ánimo de lucro. El modelo era tan peligroso que si en vez de por hombres las cajas hubieran estado administradas por ángeles impolutos también habrían tenido problemas para salir adelante.

Para colmo, ese caldo de cultivo que supone la imbricación entre política y dinero llevó a episodios de corrupción. La Justicia está investigando actuaciones fraudulentas en Caja Madrid, Bancaja, Caixa Catalunya, CAM, Caja Castilla-La Mancha, Caixavigo, Caixa Galicia, Caja España... Hay más de un centenar de exconsejeros y exdirectivos de las cajas imputados. Y los que llegarán. Miles de ciudadanos se han visto afectados por la gestión presuntamente delictiva de unos impresentables y el salvamento de las cajas ha supuesto más de 50.000 millones de euros de dinero público.

Así fue y así han acabado. ¿Entiende usted por qué un empresario consejero de Caja Madrid podía ver normal contar con una tarjeta de crédito para lo que quisiera, algo que seguro que tenía prohibido en su propia compañía?

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